El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) se expresó indignado con la sentencia emitida ayer en torno al matrimonio igualitario en nuestra Isla. “Es una decisión ofensiva para las comunidades LGBTT de nuestro país, pero también para toda persona que aprecia los derechos humanos y que aspira a un país de equidad”, afirmaron.
“Expresar que este es un asunto que compete a la Legislatura es tirar por la borda cientos de decisiones sobre derechos constitucionales que precisamente lo que hacen es corregir las violaciones de derechos fundamentales que nacen de legislación y de acciones gubernamentales. Es evidente que el Juez Pérez Jiménez no pudo distanciarse de sus opiniones personales para decidir el caso desde un punto de vista constitucional y que recurrió a argumentos que son más afines a líderes fundamentalistas que a juristas”, expresó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
”En Estados Unidos hay una clara tendencia a favor del matrimonio igualitario y esta decisión en Puerto Rico va en la dirección contraria. Mientras los derechos humanos y civiles de las comunidades LGBTT se reconocen en 32 estados, en nuestra Isla un juez recurre al argumento insólito de que el matrimonio tradicionalresponde a una intención de procrear y que además es la base que sostiene el orden político. El argumento de la procreación ha sido rechazado por sobre 30 jueces federales en los últimos 10 meses, incluyendo jueces en cuatro tribunales apelativos de los Estados Unidos”, expresó el activista Gabriel Laborde, también portavoz de CABE.
El colectivo de organizaciones destacó que al día de hoy resulta anacrónico hablar de matrimonio tradicional y que más del 55% de las familias de la Isla están constituidas fuera del matrimonio legal entre mujer y hombre. También señaló que el 65% de las niñas y niños que nacen en Puerto Rico, nacen fuera de ese lazo.
“Es lamentable que un tribunal decida dar la espalda a los derechos de las personas LGBTT y a sus familias y que en vez de aprovechar la oportunidad para abrir un nuevo espacio para sus derechos, se haya convertido en una piedra en su camino hacia la equidad”, añadió la Lcda. Nora Vargas Acosta.
“Ya es hora de que todas y todos en las tres ramas de gobierno entiendan que los derechos humanos de las comunidades LGBTT no pueden ser secuestrados por creencias religiosas de personas particulares. Los argumentos del juez Pérez Jiménez no son científicos ni legales. Son argumentos derivados de una peligrosa tendencia religiosa que trata de convertir en principios universales o científicos ideas que en realidad nacen de creencias aceptadas en ciertos grupos religiosos”, concluyó Burgos. CABE expresó su apoyo a las personas demandantes en el caso. También resaltó que ahora esperan que el Tribunal de Apelaciones en Boston revoque la decisión local.
Este comité amplio de trabajo se compone actualmente de: la Coalición Orgullo Arcoíris, Coaí, Comunidad de Osos de Puerto Rico, Proyecto Matria, Amnistía Internacional, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la UPR, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA), la American Civil Liberties Union (ACLU), ICM Cristo Sanador, CLADEM de Puerto Rico, Fundación Gaviota, Taller Salud y personas en su carácter individual.
INDIGNADOS CON LA SENTENCIA EN TORNO AL MATRIMONIO IGUALITARIO BORICUA
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