LE QUITAN NIÑOS ADOPTADOS TRAS ADMITIR QUE ES GAY

Chandler Burr siempre recordará el 30 de marzo de 2011. Ese día le informó a una oficial de adopciones en Colombia que era gay e inmediatamente le quitaron dos niños colombianos que acababa de adoptar.

El caso ha creado un debate nacional en Colombia, que ha llegado a las cortes de apelaciones de E. U. sobre el tema de las personas LGBT adoptando niños.

Según Burr, estaba dialogando con Ilvia Ruth Cárdenas, una oficial de alto rango en el programa de adopción de Colombia, sobre como le rompía el corazón el ver las fotos y escuchar las historias de los cerca de 30,000 niños que esperan ser adoptados. Durante la conversación le sugirió que repensara su política de prohibir la adopción por parte de personas LGBT. Concluyó diciendo, “Usted me conoce, usted sabe que seré un buen padre, soy gay” Burr comentó que Cárdenas reaccionó asombrada.

Cárdenas procedió de inmediato a llamar la embajada de E. U., ordenando que se destruyeran los pasaportes y visas de emigrantes en adopción, y comenzó el proceso de cancelar la adopción de dos niños traumatizados que habían sido abandonados por sus padres en una villa 200 millas al norte de la ciudad capital.

Burr presentó un caso de violación de derechos civiles y finalmente logró que le devolvieran lo que él llama sus dos hijos. Durante el proceso el obispo de la iglesia católica Juan Vicente Córdoba, presentó una férrea oposición indicando que, “El desorden de identidad sexual de Burr era problemático porque el recibirá dos niños en una edad en que ellos se sentirán atraídos hacía él, lo cual puede terminar en tentación”. Señalamientos que no deben ser tomados a la ligera porque de atracción hacía niños y tentación sabe la iglesia católica.

Ahora, sin embargo parece haber un nuevo capítulo porque el fiscal de la ciudad de Bucaramanga, donde Burr adoptó los niños, ha presentado un caso criminal en su contra acusándolo de fraude y perjurio. Oficiales colombianos continúan atacando la adopción en corte bajo alegaciones de fallas en administrativas y en procedimientos. La corte suprema de Colombia ha aceptado atender el caso en este año.

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