LA POLITIQUERÍA Y UNA CORTE SUPREMA DE SEGUNDA CLASE

En la semana del 20 de febrero de 2013, la corte suprema de Puerto Rico negó los derechos de adopción de una mujer lesbiana sobre la hija que había criado junto a otra mujer (Ref.). Mientras tanto en la Corte Suprema de Alemania, la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Suprema de Kansas, han decidido validar los derechos paterno filiares de las parejas del mismo sexo.

Si bien se puede argumentar que la ley y su interpretación contienen un valor cultural porque tienen que responder a su contexto, negar derechos a ciudadanos a quienes se les exige cumplimiento tributario en igual condiciones, nunca puede ser justificado.

A nuestro entender la situación de la corte suprema de Puerto Rico y sus decisiones es consecuencia de la politiquería imperante en la rama judicial. Como comentásemos en un artículo anterior (Ref.), son los gobernadores quienes nominan a los jueces, siendo estos confirmados por la legislatura. Cuando gobernadores irresponsables nombran políticos o abogados con dudosa formación para posiciones de jueces como premios políticos o buscando adelantar agendas ideológicas, pierde el sistema judicial, pierde la justicia misma, y pierde el pueblo que espera decisiones sabias y justas de sus jueces.

Vivimos entonces un déficit de justicia, justificado por jueces politiqueros incapaces de separar su ideología política y visión de mundo de el manejo de los casos ante su atención. Cuando cortes en otras jurisdicciones llegan a conclusiones diametralmente opuestas a las de la corte local evidencian cuan patética es nuestra corte suprema y que poca formación jurídica pueden tener estos jueces politiqueros de reciente nombramiento.

(el que hayamos escrito el nombre de la corte suprema de PR en minúscula y la de los otros países en mayúsculas no es un error ortográfico, señala nuestra ausencia de respeto por la corte local en base a sus determinaciones)

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