SEGÚN EL GOBIERNO LA DEMANDA PARA EL MATRIMONIO IGUALITARIO CARECE DE LEGITIMIDAD

“El gobierno de Puerto Rico está obligado a defender los derechos humanos de todxs sus ciudadnxs y no sólo los de los heterosexuales” afirma CABE

El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo un llamado público en la mañana de hoy al Secretario de Justicia, Lcdo. César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT. Este llamado se hizo a hora de conocerse la contestación a la demanda incoada en la corte federal por un grupo de parejas del mismo sexo para acceder al derecho al matrimonio.

Básicamente la contestación del Gobierno fue que  los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico", aclaró hoy el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos Soto.

”El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, expresó el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

“Desde una perspectiva de equidad y del reconocimiento a una ciudadanía plena como la que se plantea en nuestra Constitución, el Secretario de Justicia tiene el deber de facilitar el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo. Es un deber legal y es un deber moral porque nace de la aspiración a un país en el cual todo ser humano pueda acceder de manera libre a los derechos y beneficios que como estado se le reconocen a otros grupos”, añadió la también abogada Amárilis Pagán Jiménez.

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad expresó, además, que ya es hora de que el gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT. “La contestación de nuestro gobierno a la demanda pretende quedar bien con todo el mundo. ¿Armonizar posturas, tal vez? ¿Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT? Eso, en una democracia, es inaceptable y es ofensivo a nuestra dignidad”, concluyeron.

Este comité amplio de trabajo se compone actualmente de: la Coalición Orgullo Arcoiris, Coaí, Comunidad de Osos de Puerto Rico, Proyecto Matria, Amnistía Internacional, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual y de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la UPR, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA), la American Civil Liberties Union (ACLU), ICM Cristo Sanador, CLADEM de Puerto Rico, Fundación Gaviota y personas en su carácter individual.

ENLACE AL DOCUMENTO OFICIAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO