El reporte llamado "Isla de la Impunidad: La fuerza policiaca ilegal de Puerto Rico", identifica numerosas deficiencias que son responsables por la crisis en el cuerpo policiaco del país, que es el segundo departamento de policía más grande en E. U., con más de 17 mil oficiales. En este la ACLU señala una ausencia de procedimientos para monitorear e investigar las quejas de abuso, que son rutinariamente encubiertas por el departamento, y sistemas inadecuados para entrenar, supervisar y disciplinar a los oficiales.
"Este es un lugar donde ciudadanos americanos e inmigrantes están enfrentando abuso terrible a manos de su propia fuerza policiaca, y los gobiernos locales y federales lo están permitiendo," dijo Anthony Romero, Director Ejecutivo de la ACLU. "El gobierno de Puerto Rico ha prometido reformas por años, pero la gente continúa sufriendo bajo un departamento de policía que está fuera de control. El Departamento de Justicia de E. U. necesita tomar acciones concretas inmediatamente para finalizar las prácticas inconstitucionales del DPPR."
La ACLU documentó extensas violaciones de los derechos humanos y constitucionales de puertorriqueños por el DPPR, incluyendo:
- Uso excesivo de la fuerza letal contra civiles, especialmente en comunidades pobres, negras y comunidades dominicanas, regularmente resultando en lesiones serias y muerte.
- Supresión violenta de protestantes pacíficos usando bastones, balas de goma, y formas tóxicas de gas lacrimoso que fue descartado por departamentos de policía de E.U en la década de los '60.
- Fallas en proteger víctimas de violencia doméstica y de investigar reportes de crímenes domésticos de violación y otros crímenes basados en género.
El reporte de 180 páginas sale 9 meses después de la publicación de un reporte mordaz del Departamento de Justicia de E. U. sobre el DPPR, que encontró un sin número de violaciones constitucionales, incluyendo el uso indiscriminado de fuerza excesiva. El reporte de la ACLU enfoca incidentes desde 2007 hasta tan reciente como el pasado mes.
William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en PR, señaló que, "El gobernador Fortuño propuso reformas luego que el Departamento de Justicia saliera 9 meses atrás, pero son superficiales, e independientemente casi ninguna se ha implementado. Nosotros carecemos aún de un sistema que haga responsables a los oficiales policiacos por sus acciones, y hay gente muriendo por eso."
El reporte de la ACLU se basa en más de 75 entrevistas en Puerto Rico con oficiales de gobierno y víctimas de brutalidad, sus abogados o parientes sobrevivientes. Incluye, además, un análisis detallado de procedimientos policiales, y estadística impactante incluyendo:
- En 2010 y 2011, oficiales del DPPR mataron a por lo menos 21 civiles. La tasa de disparos policiales mortales per cápita en 2010 fue casi el triple que la de la ciudad de Nueva York para el mismo año.
- Solo 1% de las violaciones son reportadas adecuadamente por el DPPR. En la mayoría de las jurisdicciones de E. U. el número de violaciones reportadas es 4 veces el número de homicidios. En 2010, el DPPR reportó 1000 homicidios pero solo 39 violaciones.
- La tasa per cápita de asesinatos de mujeres por sus parejas en PR es la más alta del mundo. En 2011, el número de mujeres asesinadas por sus parejas en PR fue 6 veces mayor que en Los Ángeles, que tiene más o menos la misma población de 3.7 millones.
- Entre 2005 y 2010, mas de 1700 oficiales del DPPR fueron arrestados por actividad criminal incluyendo asalto, violencia doméstica, tráfico de drogas y asesinato, esto suma a un 10% del total de la fuerza.
- Al menos 84 oficiales que continúan activos en el DPPR han sido arrestados dos o más veces por violencia doméstica.
El reporte señala que, "El DPPR ha demostrado que no es capaz, ni está dispuesto a vigilarse a sí mismo, y el liderato político en PR ha fallado en tomar acciones."
El estudio encuentra que el problema continúa, porque los sistema de disciplina, investigación y reporte de la policía previenen el que se sea responsable. En un caso, un oficial que había sido arrestado 8 veces y que mantuvo al jefe de policía como rehén a punta de pistola, fue reinstalado; este luego disparó a un adolescente desarmado causándole la muerte. En otro incidente, un oficial que había sido etiquetado como "una bomba de tiempo", por un psicólogo de la policía, disparó y causó la muerte de un hombre desarmado. Al momento del incidente el oficial era objeto de siete querellas disciplinarias que se remontaban hasta 9 años atrás.
El reporte ofrece numerosas recomendaciones detalladas, incluyendo:
- El Departamento de Justicia debe entrar en un acuerdo monitoreado y apoyado por la corte con la policía de PR
- El DPPR debe desarrollar e implementar políticas en el uso de la fuerza, mejorar el adiestramiento, la investigación de querellas de civiles de abuso policial, y de disciplina de oficiales.
- La legislatura de PR debe crear un cuerpo independiente y efectivo para supervisar el DPPR.
La autora del reporte, Jennifer Turner, del programa de Derechos Humanos de ACLU indicó, "Estos abusos no representan incidentes aislados o conducta aberrada por unos pocos oficiales dañados. La brutalidad policiaca que hemos documentado es sistemática, a lo ancho de la isla y en progreso. El DPPR está basado en una cultura de abuso irrestricto y casi total impunidad".
Para una copia del reporte puede ir a:
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LA FUERZA POLICIACA ILEGAL DE PUERTO RICO
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